Caso farmacias: fiscalía pide cinco años de reclusión y defensa alega que juicio viola derechos humanos

Ayer en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago comenzó el juicio oral por el caso farmacias. Los diez acusados vinculados a las cadenas Ahumada (Fasa), Salcobrand y Cruz Verde, fueron citados a las 9 de la mañana en un procedimiento que se estima podría extenderse hasta por 90 días, plazo que el tribunal fijó para desarrollar las audiencias.

El acto comenzó con la lectura de la acusación por parte de la fiscalía, la presentación de los alegatos de apertura de ambas partes y, finalmente, el inicio del juicio oral.

En una primera instancia, el fiscal Jaime Retamal, de la Fiscalía Centro Norte, que lleva el caso, solicitó una pena de cinco años de reclusión menor en su grado máximo, tras detallar el mecanismo con el que las tres cadenas acordaron subir los precios de medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008.

Defensa alega por derechos humanos
Los abogados de la defensa argumentaron que los acusados serán juzgados por los mismos hechos por los que ya se pronunció el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia (TDLC), por lo que, a su juicio y basándose en fragmentos de tratados internacionales, existiría una doble persecución.

En concreto, aseguraron que la Convención Americana de Derechos Humanos "recalca que (una persona) no podrá ser sometida a juicio de nuevo".

"Roberto Belloni está aquí sin que haya cambiado la realidad frente lo que se planteó en el TDLC", recalcó Cristián Muga, que representa al ex gerente general de Salcobrand y actual vicepresidente ejecutivo de su matriz Empresas SB.

Ministerio Público
Retamal descartó la tesis de la doble persecución diciendo que "los hechos no son idénticos, aunque guardan similitud", por lo que las figuras delictivas serían distintas.

"Aquí lo que se pretende es hacer efectiva responsabilidad penal en el caso colusión de las farmacias. Nosotros entendemos que aquí hay situaciones completamente distintas. El TDLC se pronunció acerca de la existencia de una responsabilidad en el ámbito de la libre competencia y sancionó claramente a las cadenas farmacéuticas. Nunca hubo pronunciamiento respecto de la responsabilidad penal de las personas involucradas", agregó.

Asimismo, el querellante Jorge Mario Saavedra, que representa a diputados del oficialismo, dijo que los derechos humanos defienden la dignidad de las personas, pero que en este caso "nadie pensó en eso sino en el lucro, poniendo en peligro la vida de las personas".

Fernando Santelices, otro querellante, agregó que los daños pudieron ser mayores "si alguien no pudo comprar algún medicamento".

Querellantes y el precedente del caso

En alusión clara a los otros casos similares que pesan sobre empresas chilenas, desde la parte querellante recalcaron que el pago de multas no es una medida suficiente para dar por finalizados estos casos.
"Hay una infracción en nuestro sistema penal en cuanto a que los acusados infringen y vulneran los principios básicos de la sociedad", dijo el abogado querellante Fernando Santelices.

"Las empresas pagan por el acto, pero nadie responde. Las empresas responden pagando, pero las personas y ejecutivos quedan impunes. Creemos que este fallo debiese marcar un antes y un después para quienes están pensando en coludirse", comentó al tribunal, haciendo énfasis, en que "los ojos de todos los ciudadanos estarán puestos en este juicio". Asimismo, dentro de sus alegatos, el hizo ver al tribunal que, dado que no se espera que los acusados declaren, en el juicio se escuchará sólo "la retórica de los expertos" frente a la versión directa de los acusados.

Además, desde la parte querellante destacaron que el perjuicio social y económico de este fraude es invaluable y que el daño a la confianza del mercado también lo es.

"Hoy tenemos la oportunidad de mandar un mensaje de que quien actúa de manera fraudulenta frente al mercado no solamente paga, sino que también responde", comentaron. Por último, agregaron que los efectos de la colusión en precios afectaron, asimismo, a empresarios que no compitieron de manera fraudulenta.

Las pruebas de la acusación

La acusación presentará 25 testigos, así como estudios económicos, jurídicos y sobre el alza de precios de los medicamentos elaborados por nueve expertos en la materia. También entregarán numerosos correos electrónicos internos entre ejecutivos de las cadenas farmacéuticas involucradas y de estos ejecutivos con los laboratorios, lo que probaría que durante el periodo autorizaron u ordenaron estas alza de precios en medicamentos. Estos correos "no dejan ninguna duda del alza de precios", dijo el fiscal Retamal.

"Lo más probable es que partamos con la prueba testimonial e iremos sumando prueba pericial y algunos documentos relevantes", dijo además, en relación a las pruebas dilatorias que presentarán, anticipando que en la segunda audiencia del juicio "veremos un cúmulo de argumentaciones" tras los breves alegatos del inicio.